Hoy en día resulta indudable que la transferencia del conocimiento generado por los centros de investigación públicos a las empresas es un elemento clave para el desarrollo económico de un país. Por ejemplo, en Estados Unidos, una de las naciones con una política de transferencia más eficaz (donde según informe del Committe for Economic Development del año 2000, el 73% de las referencias de patentes industriales provienen de la I+D pública), el porcentaje de rendimiento de la inversión por parte de las empresas en investigación académica excede del 28% (según acredita el informe Mansfield de 1991, uno de los más citados y reconocido por los especialistas).
Así lo ha entendido el nuevo Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, que de las 6 Líneas Instrumentales de Actuación (LIA) que contempla, una de ellas ha sido dedicada en exclusiva a la transferencia y utilización del conocimiento.
También lo ha entendido así la reciente Recomendación de la Comisión Europea C(2008)1329, de 10.04.2008, que identifica a la transferencia de conocimiento como una de las herramientas principales para el relanzamiento de la estrategia de Lisboa, por entender que la transferencia es una herramienta esencial para generar beneficios socio-económicos y debe ser considerada como una misión estratégica y prioritaria de los Estados. Para ello, ha solicitado a los Estados miembros que elaboren un informe bianual sobre las medidas adoptadas, y su impacto, en base a las recomendaciones realizadas en dicho documento, debiendo entregarse el primer informe el 15 de julio de 2010.
