La Constitución de 1978 incorporó, en su artículo 27, un conjunto de principios referidos al sistema educativo que los distintos Gobiernos democráticos hemos desarrollado desde entonces. Toda política educativa y todo acuerdo han de sostenerse en sus principios.
Durante las tres últimas décadas la sociedad española ha conseguido la expansión más importante de la educación en nuestro país. Hoy hemos alcanzado la plena escolarización de la población entre 3 y 16 años, así como tasas de escolarización desconocidas en nuestra Historia en el Bachillerato, la Formación Profesional y la Universidad. Ha sido un logro de todos los gobiernos democráticos que debemos poner en valor en la actualidad para afrontar los retos del futuro.
Tras 10 años de culminación del proceso de transferencias educativas a las Comunidades Autónomas, 31 años después de aprobarse la Constitución, nos encontramos no sólo ante un nuevo marco competencial y también ante una sociedad distinta y sometida a un cambio constante, que nos exige una reflexión sobre los nuevos y complejos retos que debe plantearse nuestra educación en el siglo XXI.
El desarrollo del marco Constitucional y el reconocimiento de las competencias y políticas educativas de las autonomías no excluyen, antes al contrario, hacen necesario un proceso de políticas comunes y compartidas que garanticen el equilibrio, la estabilidad, la cooperación y la coherencia del sistema a través de un marco común y acordado, lo que sólo es posible a través del acuerdo y del consenso, y en el que desarrollar sus competencias y responsabilidades políticas. Todo ello con miras a la mejora y consistencia del mismo.
Por tanto, es necesario que nos convoquemos a un nuevo esfuerzo colectivo como sociedad. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Los grandes cambios sociales, políticos y económicos de nuestro país han nacido desde una voluntad amplia de consensos y acuerdos. Tenemos que abordar conjuntamente los asuntos urgentes del sistema educativo con esta perspectiva histórica y con un modo de proceder sostenido en el tiempo.
Para realizar este trabajo conjunto es imprescindible que se alcance un gran "Pacto Social y Político por la Educación". El Gobierno ha realizado esta propuesta de Pacto de Estado al conjunto de la sociedad española, y muy especialmente a las administraciones educativas, las fuerzas políticas y la comunidad educativa. Un Pacto que responde a una demanda social.
La distribución de competencias entre las distintas Administraciones hace que ningún partido político haya sido o es totalmente gobierno o totalmente oposición. Por tanto, es necesario un Pacto que permita que los diferentes gobiernos que se configuren tanto en España, como en las diferentes Comunidades Autónomas, apliquen en común una serie de medidas fundamentales para resolver los principales problemas de nuestro sistema educativo.
El papel de la Conferencia Sectorial de Educación es en este sentido fundamental, pues aquí las distintas administraciones educativas estamos representando a los ciudadanos del conjunto del Estado. Es el momento de abordar los grandes desafíos educativos con una mirada diferente, con la convicción de que sin la plena colaboración y coordinación entre administraciones no podremos afrontar los cambios necesarios.
El gran objetivo de este Pacto por la Educación es adoptar de manera conjunta las medidas necesarias en nuestro sistema educativo que eleven el nivel de formación del conjunto de la población, tanto de los jóvenes en edad escolar como de la población adulta en general. En la nueva sociedad del siglo XXI la educación y la formación son las claves sobre las que se construye el bienestar social, político y económico. La sociedad española necesita más y mejor educación, y también los propios ciudadanos para su desarrollo vital y para evitar al máximo el riesgo del desempleo, el trabajo precario, la desigualdad y la propia exclusión social.
La situación de nuestro sistema educativo está perfectamente reflejada en numerosos informes que se elaboran con cierta periodicidad. Por ello, no creo que tengamos que debatir sobre las fortalezas y las debilidades de nuestra educación, sino que propongo que trabajemos a partir de los diagnósticos elaborados por la OCDE, el Consejo Escolar del Estado y los Consejos Escolares de las Comunidades Autónomas.
Partiendo de la situación descrita en los citados informes, considero fundamental sentar unas bases sobre las que trabajar conjuntamente.
a) Es necesario propiciar la cultura del esfuerzo, la exigencia, sacar lo mejor de cada estudiante para lograr el mayor éxito personal y académico e impulsar en todos los niveles y procesos del conjunto del sistema educativo una cultura y una política de la calidad, sostenida en el conocimiento, las competencias y los valores.
b) Esta búsqueda de la calidad y la excelencia, debe hacerse desde el reconocimiento de los logros de nuestro país en los últimos 30 años en la mejora, universalización y socialización de la educación, por lo que hemos de garantizar una política de becas y ayudas al estudio que garantice la igualdad de oportunidades.
c) Necesitamos un sistema mucho más flexible y más integral que relacione las etapas educativas, un sistema que sea más transversal, que permita una mayor movilidad y reconocimiento de las competencias y conocimientos adquiridos. Se trata de ser capaces de que el sistema eduque a todos los estudiantes. No todos los estudiantes han de hacer lo mismo. Necesitamos una enseñanza más individualizada, y en ese sentido es muy importante avanzar en dotar de mayor autonomía a los centros para que puedan ser capaces de desarrollar proyectos educativos adecuados a su circunstancia.
d) Desde estos principios anteriores estoy convencido de que podemos luchar más eficazmente contra nuestro principal problema educativo que es el fracaso y el abandono temprano. Nuestro país necesita incrementar el número de jóvenes que obtienen el título de graduado en educación secundaria e incrementar el número de jóvenes que continúan su formación en la educación postobligatoria, especialmente en formación profesional de grado medio. Lo necesitan los jóvenes para disponer de la formación necesaria para su desarrollo personal y profesional, y lo necesita España para reorientar nuestro modelo de crecimiento económico y alcanzar las más altas cotas de bienestar social.
Pero con más flexibilidad y transversalidad no será suficiente, por lo que debemos analizar aún mejor e incidir en las causas y propuestas para abordar el fracaso y el abandono y para conseguir el éxito escolar y académico de nuestros estudiantes. Para ello, tendremos que hacer innovaciones no sólo en las medidas educativas, sino también en las sociales.
e) En este sentido, la escolarización temprana es un elemento determinante para conseguir el éxito futuro de los alumnos, así como para la igualdad de oportunidades y la calidad del sistema. En todos los informes, nuestro sistema educativo aparece muy valorado en educación infantil, con una escolarización de prácticamente el 100% entre los 3 y los 6 años, y ahora debemos seguir mejorando, considerando la etapa infantil como etapa educativa y coordinarla con políticas sociales. Resultará necesario, en cualquier caso, armonizar el sentido y las condiciones de esta etapa.
f) En relación con la Formación Profesional estoy seguro de que compartimos que es uno de los grandes retos de nuestra educación. Debemos trabajar por el reconocimiento de la Formación Profesional como formación integral dentro del sistema educativo. Situarla en un lugar determinante del modelo educativo.
Tenemos que conseguir una Formación Profesional que favorezca el logro de una economía basada en la excelencia de sus procesos productivos y que forme profesionales que dominen las nuevas tecnologías, con creciente creatividad y capacidad de innovación. Para ello las cualificaciones de la Formación Profesional deben ser más específicas y vinculadas a las demandas sociales.
Necesitamos que los títulos de Formación Profesional se adecuen a las cualificaciones profesionales y a la generación de una red de centros integrales de formación profesional. Y que esos centros estén vinculados al desarrollo de los territorios y a los sectores emergentes de la nueva economía.
g) Se requiere también un gran impulso de modernización de nuestro sistema educativo. Hemos de promover nuevas formas de aprender y de enseñar a través de las nuevas formas de comunicación que nos ofrecen las nuevas tecnologías. Asimismo, es imprescindible potenciar y desarrollar programas para favorecer y garantizar el aprendizaje de idiomas que va a ser fundamental para abordar los retos del imparable proceso de internacionalización de nuestra sociedad y nuestra economía.
h) La Universidad tiene que estar en el corazón de este gran Pacto. No es un Pacto Escolar, es un Pacto Educativo y la Universidad también es educación. Nuestra Universidad debe afrontar un proceso de internacionalización. Hemos de incidir en la plena confluencia en el Espacio Europeo de Educación Superior con una propuesta que haga que nuestro modelo sea equiparable y compatible con los sistemas de otros países y promover políticas de agregación y excelencia de acuerdo con la Estrategia 2015. Para conseguir los objetivos previstos en dicha Estrategia, tenemos que definir un modelo de financiación del sistema Universitario.
i) Hemos de situar a la comunidad educativa en el centro de un posible acuerdo. No hay pacto por la educación sin un pacto con los educadores. Y esta comunidad está constituida asimismo por los padres y las madres, los tutores y las tutoras, y las familias en general. A su vez se trata de apoyar y facilitar la figura del profesor, propiciar su formación permanente, dotarle de recursos y medios, promover el estatuto del docente, organizar posibilidades de promoción y carrera docente. Es en este contexto donde debemos establecer el debate sobre la autoridad.
Desde el reconocimiento de la educación como bien público y del derecho de los ciudadanos, hemos de garantizar la estabilidad del modelo educativo y del sentido y alcance de los derechos y obligaciones. En este contexto han de situarse los conciertos educativos.
A partir de todas estas consideraciones se trata de garantizar una estabilidad normativa sostenida sobre los aspectos comunes, lo que no excluye modificaciones particulares como consecuencia de un acuerdo global.
Finalmente, para alcanzar todos estos objetivos resulta esencial garantizar una financiación adecuada con duración y perspectiva temporal, que nos equipare a los países de nuestro entorno, en relación con la renta per cápita o con la inversión por estudiante. Es necesario hacer un análisis del efecto de los recursos empleados en los programas aplicados y efectuar una adecuada rendición de cuentas.
Es necesario que identifiquemos y acordemos cuáles son los asuntos que hemos de abordar y cuáles son las prioridades. A partir de ello e inmediatamente un Pacto por la Educación han de definirse las medidas y línea de acción. Y para ello se requiere el concierto de todos.
Muchas gracias.
