Nada más lejos de la realidad. En primer lugar, son las propias universidades las que proponen su oferta académica con plena autonomía. A continuación, son la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y el Consejo de Universidades (que reúne a los Rectores y al Ministerio de Ciencia e Innovación) los que evalúan la calidad de las titulaciones propuestas. Y finalmente, son los Gobiernos de las Comunidades Autónomas los que autorizan o no su impartición
En todo ese proceso, las empresas no desempeñan otro papel más que el de miembros de una sociedad que exige responsabilidad a su sistema universitario. Partícipes de un entorno que reclama la formación de ciudadanos y profesionales capaces de responder a un mundo global y dinámico.
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Declaración de Bolonia
