• Título:  MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR TRANSPORTE DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
• Autor:  Valenzuela Peña, Misael
• Universidad:  Universidad de León
• Departamento:  Derecho público
• Fecha de Lectura:  02/03/2017
• Programa de doctorado:  Programa de Doctorado en Responsabilidad Jurídica. Estudio Multidisciplinar por la Universidad de León
• Dirección: 
  • Fuertes López, Mercedes (DIRECTOR)
  • BALLESTEROS MOFFA, LUIS ANGEL (TUTOR/PONENTE)
• Tribunal: 
  • Tolivar Alas, Leopoldo (PRESIDENTE)
  • CUETO PÉREZ, MIRIAM (SECRETARIO)
  • QUINTANA LOPEZ, TOMAS (VOCAL)
• Descriptores: 
  • CIENCIA POLITICA
• Localización:  BIBLIOTECA UNIVERSITARIA SAN ISIDORO
• 312900_896826.pdf
• Resumen:
  La planificación de las actividades concernientes a la reglamentación, fiscalización y control del transporte tanto público como privado constituyen la base imprescindible para la buena marcha de la sociedad en sentido general. La existencia de una base legal consistente que defina y por ende delimite de manera clara y fehaciente las competencias en los niveles del Gobierno Central como del Municipal arroja como consecuencia una gestión eficiente de los recursos disponible para el subsector. Este postulado contrasta grandemente con la realidad nacional pues se evidencia la ausencia de principios y regulaciones, lo que en la práctica hace muy difícil el sostenimiento del sistema a mediano y largo plazo. No es posible dirigir una nación bajo los mismos esquemas de principios del siglo XX cuando la sociedad misma no demandaba instituciones fuertes sino espacios de comercialización e intercambio productivo, donde el concepto de calidad, medio ambiente, y recursos naturales estaba supeditado a lo mercantil. Actualmente el subsector representa una parte importante del PIB, el parque vehicular ha aumentado considerablemente en los últimos cuarenta años y la seguridad vial es un tema latente y vigente en la opinión pública nacional e internacional lo que nos hace afirmar que las condiciones están dadas para que la actual ley y las normas que lo complementan sean reformadas por una propuesta integral que articule los esfuerzos y recomendaciones de tantos años de trabajos realizados y consecuentemente el país pueda contar con una estructura funcional y práctica al servicio de los mejores intereses nacionales. Es importante destacar que mediante el Decreto No. 1951 de fecha 24 de febrero de 1972 el Presidente de la República a tan sólo 5 años de vigencia de la nueva ley de tránsito creó una comisión a fin de que elaborara un proyecto de ley tendente a sustituirla, bajo el argumento de que ¿es necesario sustituir la vigente Ley de Tránsito y Vehículos por nuevas disposiciones que la hagan más expedita y racional y que tiendan principalmente a evitar, en la medida de los posible, la frecuencia de accidentes en nuestras vías públicas¿ esto deja en evidencia la existencia de un vacío desde el origen mismo de la ley, considerando que el decreto de marras la denomina ¿poco expedita y poco racional¿, calificativos no muy elegantes y que encierran profundas contradicciones que deben ser subsanados a través de una reforma integral y no mediante modificaciones coyunturales . Este estudio sustenta en parte, las pretensiones de muchos ciudadanos y ciudadanas de mejorar la circulación vial mediante la adopción de una propuesta integral que en primera instancia se traduzca en la promulgación de una nueva ley; segundo la reorganización del tránsito y el transporte terrestre; tercero la creación de un ente rector descentralizado que sustituya la dispersión existente en las áreas de regulación y fiscalización; y por último, la adopción de una política sustentable acorde con la legislación internacional y respetando los tratados internacionales firmados y ratificados por los dominicanos a través de sus instituciones. Otro aspecto lo constituye el proceso de modernización del transporte público de pasajeros a través de la puesta en operación del Metro de Santo Domingo, el cual ha de aportar en la solución a los problemas que afectan el tránsito terrestre sin embargo no posee un marco regulatorio que lo sustente y permita el adecuado funcionamiento de éste y la interacción de las instituciones involucradas en el nuevo sistema.